La región de Puno se ha consolidado como uno de los principales focos de minería ilegal de oro en el país, una actividad que ya no opera de manera aislada, sino articulada con organizaciones criminales, redes de lavado de activos y el narcotráfico.
Esta convergencia delictiva ha dado origen a lo que las autoridades denominan «narcominería», especialmente en las zonas fronterizas con Bolivia y en los distritos colindantes con Madre de Dios.
El fiscal especializado en materia ambiental de Puno, Federico Chávarry, advirtió que desde mayo de este año las investigaciones por minería ilegal en la región se incrementaron en un 50%, superando actualmente los 7,200 casos.
Según explicó, las organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro y al narcotráfico operan de manera conjunta para evitar la intervención de las autoridades, llegando incluso a amenazar y atacar a policías y fiscales durante los operativos.
La situación es especialmente crítica en zonas como Ananea, La Rinconada, Ayapata y las rutas que conectan con Bolivia a través de Desaguadero, donde además se han detectado complejas operaciones de lavado de activos. Entre 2024 y 2026, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y la Policía Nacional han realizado incautaciones históricas de cargamentos de oro y dinero vinculados a redes criminales que utilizan empresas de fachada para introducir mineral ilegal al mercado formal.
Las investigaciones revelan que el esquema ha evolucionado. Uno de los mecanismos más utilizados consiste en emplear registros del Reinfo de terceros para declarar como formal el oro extraído ilegalmente en zonas prohibidas.
Asimismo, se han detectado cargamentos valorizados en millones de soles transportados sin documentación que acredite su origen legal, así como intentos de exportar oro por la frontera con Bolivia para eludir controles tributarios y ambientales.
Sin embargo, especialistas advierten que el minero que extrae el mineral representa apenas el eslabón más visible y vulnerable de una cadena mucho más amplia.
Detrás de la minería ilegal existen financistas que aportan maquinaria, combustible y explosivos; autoridades y funcionarios que facilitan trámites o bloquean acciones de control; efectivos policiales que alertan sobre operativos; plantas procesadoras que reciben mineral sin verificar su procedencia y comercializadores que mezclan oro ilegal con producción formal para «blanquearlo».
La politóloga Zaraí Toledo sostiene que la lucha contra estas economías ilícitas ha fracasado porque el Estado concentra sus esfuerzos en quienes extraen el mineral y no en quienes financian y se benefician del negocio.
En la misma línea, el analista Iván Arenas señala que parte del problema radica en la protección política que recibe la minería informal e ilegal desde distintos niveles del Estado, incluyendo iniciativas que buscan ampliar nuevamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Precisamente, el fiscal Chávarry cuestionó este mecanismo al considerar que ha sido utilizado como una forma de encubrir actividades ilícitas.
Según indicó, numerosos operadores se inscribieron en el proceso de formalización sin intención de regularizarse, aprovechando los beneficios legales que les permiten evitar procesos penales por minería ilegal.
Además del impacto ambiental en las cuencas de los ríos Ramis, Suches, Tambopata e Inambari, la expansión de la minería ilegal ha favorecido otros delitos conexos como trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato, tráfico de combustible y lavado de dinero.
Para las autoridades, el desafío ya no es únicamente combatir una actividad extractiva irregular, sino enfrentar una estructura de crimen organizado que ha encontrado en el oro uno de los negocios ilícitos más rentables del sur del Perú.
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