Una comerciante ambulante de salteñas y fiscalizadores de la Subgerencia de Actividades Económicas de la Municipalidad Provincial de Puno protagonizaron un nuevo cruce tras denuncias de presunto abuso de autoridad, hostigamiento y cobro irregular de cupos en zonas céntricas de la ciudad.
La vendedora Eugenia Tisnado denunció que las inspectoras ediles ejercen un trato discriminatorio y hostil en su contra por no someterse a presuntos pagos indebidos. Según afirmó, personal municipal cobraría hasta 20 soles diarios para permitir la permanencia de otros comerciantes informales, mientras que a ella se le prohíbe trabajar y se le expulsa de manera constante, recordando incluso haber sufrido agresiones físicas en gestiones anteriores.
Por su parte, la encargada de los inspectores de comercio, Yicela Chicallahuacho, rechazó de forma categórica las acusaciones de sobornos y aseguró que la comuna no realiza cobro alguno a los comerciantes de la vía pública. La funcionaria explicó que la intervención se debió a que la vendedora pretendía instalarse de manera fija en zonas rígidas como el Parque Pino y la Plaza Mayor, espacios donde está prohibido el comercio estacionario y solo se autoriza la circulación continua o la presencia excepcional de vendedores empadronados con discapacidad.
Frente a los señalamientos de corrupción, la inspectora municipal advirtió que evaluará acciones legales por difamación en contra de la comerciante. En tanto, la vendedora acudió a las oficinas municipales para exigir la intervención directa del alcalde provincial y demandar garantías para desempeñar su labor sin agresiones físicas ni verbales.
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