El Ministerio Público archivó la investigación por usurpación agravada, daños y disturbios contra 192 personas que fueron detenidas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) durante las protestas de enero pasado contra el Gobierno de Dina Boluarte y pidiendo el adelanto de elecciones.
Como se recuerda, el 21 de enero último la Policía ingresó con tanquetas al recinto universitario para retener a los ciudadanos que habían llegado desde otras regiones del país, como Madre de Dios, Moquegua, Junín, Puno, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Arequipa.
La Cuarta Fiscalía Corporativa Penal dispuso que no procede formalizar y continuar con la indagación preparatoria en razón a que no hay evidencia de que los investigados hayan causado lesiones o daños a la integridad física de personas o a los bienes públicos de la Universidad Mayor de San Marcos o bienes de privados.
También señala que los investigados se encontraban reunidos en el campo de la universidad, pero no de manera desordenada y violenta sino que “estaban en dicha sede para dormir y alimentarse”.
Especifica, además, que en un acta de visualización proporcionada por la universidad San Marcos no se describe ningún hecho de violencia o amenaza contra el personal de seguridad de la casa de estudios.
Asimismo, establece que, en cuanto al delito de usurpación, “no hay evidencia objetiva del uso de la fuerza física ni amenaza por parte de los investigados contra el personal de seguridad o algún bien”, por lo que “no se le puede imputar, objetivamente, esta conducta”.
Finalmente, ordena el archivo de la investigación preliminar y anular los antecedentes que se hayan generado, una vez consentido el archivo.
Operativo
En la incursión violenta a la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos participaron aproximadamente 400 efectivos antimotines de la Policía Nacional y no hubo presencia de fiscales.
De acuerdo con la Policía y a la Defensoría del Pueblo, al menos 207 personas fueron intervenidas en la Decana de América. Luego, la Fiscalía anunció la liberación de 192 de ellas. A la mayoría de los intervenidos los trasladaron a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
En ese entonces, el abogado y exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra aclaró que durante el operativo no se incautó ningún elemento que pudiera involucrar a estas personas en los delitos de daños, disturbios o terrorismo.
“La presidenta Dina Boluarte los ha puesto en una situación de grave vulnerabilidad”, manifestó Gamarra ante los hechos.
Mediante un pronunciamiento, la UNMSM denunció que la Policía Nacional cometió un “abuso de autoridad” en contra de sus estudiantes detenidos arbitrariamente.
“Rechazamos la intervención de la Dircote en la residencia universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”, manifestó en el documento.
También exhortó a los poderes del Estado a tender puentes para solucionar la crisis política y utilizar mecanismos que la democracia permite, e indicó que había ordenado la reparación de la vivienda universitaria dañada durante la intervención policial y exámenes médicos a los residentes golpeados.
Versión
San Marcos explicó que cuando un reducido grupo de estudiantes y manifestantes redujo a la seguridad de la universidad, hizo la denuncia, pero solo solicitó la liberación de las puertas tomadas, sin embargo, la PNP ingresó violentamente.
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