Las investigaciones y responsabilidades específicas por el asesinato de 10 ciudadanos de Ayacucho a manos de las fuerzas del orden, entre ellas, la Policía Nacional y el Ejército del Perú durante el periodo de protestas sociales que surgieron tras el ascenso de Dina Boluarte al Gobierno empiezan a ser esclarecidas con el desarrollo de las investigaciones. En la última decisión de la Fiscalía de la Nación, se dispuso la formalización de la investigación preparatoria en contra de 36 miembros de la PNP y de las Fuerzas Armadas.
Dentro de esta disposición, también se plantea la investigación en contra de uno de los más altos mandos militares del Ejército, Manuel Gómez de la Torre, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no solo por la matanza de 10 peruanos el 15 de diciembre del 2022; sino por la agresión grave a decenas de ciudadanos por parte del Ejército.
La decisión viene de manos del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, esta vez de parte del despacho que atiende los casos en Ayacucho y que es dirigido por la fiscal Mirela Coronel. En la resolución, a la Infobae Perú pudo acceder en exclusiva, se detalla que la investigación, al pasar a la etapa de formalización de investigación preparatoria, ha sido ampliada por un periodo de 8 meses adicionales, en los que se realizarán las pesquisas correspondientes sobre Gómez de la Torre, quien ha pasado de ser un testigo un investigado más.
En las imputaciones establecidas en contra del exmilitar ahora en retiro, la Fiscalía lo establece como presunto autor del delito de “presunto autor del delito de contra la vida, el cuerpo y la salud” en las modalidades de homicidio calificado con alevosía, la tentativa de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Todos ellos, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y en calidad de imputado por comisión por omisión impropia.
El hecho de que Gómez de la Torre sea implicado como responsable por comisión por omisión genera un importante precedente. El abogado Juan José Quispe, consultado por este medio explicó que los delitos bajo esta modalidad “significan que se le considera responsable a alguien de la producción de un resultado por incumplimiento de un deber de actuar; más aún, se le hace responsable con la misma valoración que si lo hubiera causado activamente”. Bajo esta concepción, se podrían acreditar también imputaciones contra Dina Boluarte teniendo estas pesquisas como antecedentes.
Fuente: infobae
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