En la región de Puno, cobra especial relevancia la figura de Helard Bladimir Sonco Villanueva, virtual diputado por Ahora Nación, quien mantiene cercanía con la minería artesanal. Su posible incorporación a un bloque parlamentario favorable a este sector refleja cómo Puno se posiciona como un foco clave dentro del nuevo mapa político vinculado a la minería informal.
*Virtuales diputados promueven cambios legales en favor de la minería ilegal*
Pertenecen a Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno. Sus propuestas apuntan a flexibilizar normas y ampliar el Reinfo.
La minería ilegal tiene una nueva representación en el Congreso. El 12 de abril fueron elegidos y reelegidos operadores políticos que defienden, representan o buscan dar un nuevo marco legal que favorece a este sector.
Estos serán, posiblemente, los nuevos integrantes de lo que el analista Iván Arenas denominó la “Bancada Reinfo”.
Uno de ellos es Víctor Raúl Cutipa Cama, actual congresista por Ilo y presidente de la Comisión de Energía y Minas.
Cutipa, reelegido como senador por Juntos por el Perú, se ha convertido en uno de los principales impulsores de cambios al régimen de concesiones mineras que favorecerían a los informales e ilegales.
Su papel ha sido clave en el objetivo de modificar las normas que les permita la continuidad de sus operaciones, impactando directamente a la minería formal.
El profesor y dirigente Andrés Avelino Ramos Huillcas es el virtual senador por Apurímac de Juntos por el Perú. Ha respaldado abiertamente la actividad minera informal y cuestionado la presencia de grandes empresas.
En la misma región, el dirigente minero Jesús Pérez Alccahuamán, virtual diputado por Juntos por el Perú, cuenta con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (FEDECIM). Su agenda incluye impulsar la Ley MAPE, modificar la Ley General de Minería y revisar el sistema de concesiones, lo que implicaría seguir flexibilizando las reglas en favor de este sector.
Desde Arequipa, el virtual senador por el Partido del Buen Gobierno, Juver Nilson Flores Suárez, se perfila como vocero de los mineros artesanales. Su experiencia como asesor del Congreso y de la Federación de Mineros Artesanales podría contribuir a posicionar este tema en la agenda nacional.
En La Libertad, Diego Bazán Calderón, actual congresista, sería reelegido por Renovación Popular. Bazán apoyó la ampliación del Reinfo, una decisión que extendió la vigencia legal de miles de operaciones informales e ilegales.
A su lado estará Víctor Sefererino Flores Ruiz, de Fuerza Popular, quien votó a favor de normas que benefician a la minería ilegal, como la que dejó de considerarla organización criminal.
Además, impulsa el proyecto de ley 11238/2024-CR para un nuevo régimen de minería artesanal y de pequeña escala.
Gilmer Trujillo Zegarra, también de Fuerza Popular, propone formalizar sin criminalizar a los “mineros artesanales”.
Aunque la propuesta parece conciliadora, abre la puerta a procesos sin fiscalización clara ni mecanismos efectivos de sanción.
En Cajamarca, el virtual diputado de Juntos por el Perú, Gabriel Robertino Gonzáles Delgado, ha manifestado su oposición al megaproyecto Conga de Minera Yanacocha y propone iniciativas para gravar el uso de aguas subterráneas y fortalecer el control de la exportación de minerales.
Modificaciones legislativas que preocupan. Para Víctor Fuentes, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), los cambios que impulsaría este grupo tendrían efectos negativos. “En el Perú, sacar adelante un proyecto minero formal toma décadas. Si el Congreso amplía esquemas transitorios como el Reinfo, envía una pésima señal: quien incumple reglas puede terminar premiado con más plazo y menos exigencias”, advierte.
Fuentes sostiene que el riesgo es múltiple: “Se rompe la cancha —el formal paga impuestos y cumple estándares; el informal muchas veces no—, se deterioran las expectativas de inversión y se debilitan la recaudación, el empleo formal y el crecimiento”.
Además, identifica tres focos críticos: la ampliación del Reinfo, que prolonga un régimen temporal sin solución estructural; una nueva ley para la pequeña minería con beneficios especiales; y los cambios a la Ley General de Minería y al sistema de concesiones, con propuestas que podrían afectar seriamente el equilibrio del sector.



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