La situación en Puno, especialmente en La Rinconada, Ananea y Juliaca, refleja con crudeza cómo la minería ilegal, los asesinatos de mineros, ajustes de cuentas y el sicariato se han convertido en parte de un contexto violento cada vez más organizado.
Pareciera común encontrar cuerpos acribillados en socavones, ejecuciones y disputas criminales evidencian el impacto de economías ilegales asentadas en la región, que la hacen ver entre las más golpeadas por homicidios en el sur del país.
La violencia empezó a expandirse desde las grandes ciudades hacia las regiones del interior del país.
En el sur empezaron a identificarse territorios donde el miedo es el pan de cada día.
El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte ese cambio y muestra que la extorsión ya no se concentra en Lima; se ha redistribuido hacia el interior.
En ese movimiento, el sur registra un incremento en la incidencia extorsiva que pasó de 12 % en 2024 a 17 % en 2025, un aumento de más del 40 % en apenas un año.
Este crecimiento estaría vinculado a delitos como el “gota a gota”, préstamos informales con intereses abusivos relacionados con cadenas productivas ilegales como la minería ilegal.
Donde crece la minería ilegal, crecen también las redes criminales que la sostienen mediante financiamiento informal, cobro de cupos, control territorial y extorsiones.
Cuando alguien no paga, aparece el sicariato. De los 1,826 homicidios registrados en 2025, la mayoría fue cometida con armas de fuego y vinculada a redes de extorsión.
En este contexto, Puno reportó 90 asesinatos y Arequipa 67, mientras distritos como Ananea (31 homicidios), Juliaca (26) y Puerto Maldonado (23) se consolidan como focos donde las economías ilegales y la disputa por recursos como el oro fortalecen estructuras criminales.
Aunque Lima y la costa norte aún lideran los índices de homicidios, el sur muestra señales cada vez más preocupantes: expansión de extorsión, crecimiento del “gota a gota” y presencia de organizaciones ilegales que demandan protección armada.
El problema no solo radica en el aumento del crimen, sino en su velocidad de expansión y en la débil respuesta estatal. Pese al incremento de denuncias, la impunidad persiste, mientras una Policía con recursos limitados y casos de infiltración enfrenta dificultades para contener una mutación criminal que articula minería ilegal, extorsión, financiamiento clandestino y control territorial.
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