Puno atraviesa una compleja situación marcada por la expansión de la actividad minera, el incremento de conflictos sociales y el avance de la minería ilegal, mientras tanto en el Congreso de la República se impulsan modificaciones a las normas mineras y ambientales que generan preocupación entre especialistas y autoridades.
Diversos sectores advierten que, a pocas semanas de culminar su mandato, el Parlamento no debería aprobar reformas de fondo que podrían favorecer a la minería informal e ilegal y debilitar los mecanismos de control ambiental.
En el departamento de Puno, más del 60 % de las grandes empresas registradas operan en el sector minero, según datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Esta realidad refleja el peso económico de una actividad vinculada históricamente a la explotación de recursos como el estaño, el oro y el litio.
Sin embargo, también ha generado una creciente preocupación por sus impactos ambientales y sociales.
La minería ilegal continúa en expansión hacia zonas remotas y áreas protegidas.
El fiscal provincial ambiental de Puno, Óscar Jiménez Chura, alertó que esta actividad ha avanzado hacia la selva puneña y sectores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, comprometiendo ecosistemas de alta biodiversidad.
El magistrado señaló que junto con la minería ilegal también se detectan actividades vinculadas al narcotráfico y la tala ilegal, mientras que el crecimiento de estos delitos ambientales habría aumentado entre 30 % y 140 % desde mediados de 2024.
Las consecuencias ambientales ya son visibles en diversas cuencas de la región. El gerente regional de la Autoridad Ambiental de Puno, Isaac Angles Chipana, advirtió que la contaminación continúa agravándose en zonas como Ramis, Suches, Tambopata e Inambari debido al manejo inadecuado de residuos sólidos, el vertimiento de aguas residuales y la minería ilegal, que sigue afectando fuentes de agua y ecosistemas sensibles.
La actividad minera también ha estado relacionada con conflictos sociales. Según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el 47 % de los proyectos mineros de la cartera nacional de inversiones registra conflictos sociales activos o latentes.
Congreso busca aprobar reformas antes de dejar el poder: En paralelo a esta situación regional, el Congreso que culminará funciones en julio intenta aprobar cambios sustanciales en la legislación minera y ambiental pese al fuerte desgaste político evidenciado en las últimas elecciones, donde más del 70 % de los congresistas que buscó la reelección quedó fuera del próximo Parlamento bicameral.
Diversas bancadas impulsan reformas relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), concesiones mineras y mecanismos de control ambiental.
Entre ellas figura el Proyecto de Ley 3377, que facilitaría concesiones en zonas amazónicas como Madre de Dios y permitiría la formalización de mineros inscritos en el Reinfo con instrumentos ambientales únicamente presentados, sin necesidad de contar con una aprobación definitiva.
Para el analista en temas mineros Iván Arenas, este Congreso no debería abordar reformas de esta magnitud en la etapa final de su mandato. “La ley MAPE debe ser tratada por el próximo gobierno, lejos del ideologismo y la politización, porque actualmente no existen garantías de un debate técnico adecuado”, sostuvo.
Arenas también advirtió que existe el riesgo de que el actual Parlamento apruebe normas con criterios populistas y sin el debido sustento técnico.
Según explicó, algunos integrantes de la Comisión de Energía y Minas mantienen vínculos políticos con sectores de la minería informal, situación que genera cuestionamientos sobre la imparcialidad de las propuestas en debate.
Mientras tanto, el Congreso continúa postergando la discusión de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), considerada una herramienta fundamental para ordenar la actividad minera informal y enfrentar el crecimiento de economías ilegales vinculadas a la extracción de oro.
En este contexto, especialistas y autoridades coinciden en que el país requiere una reforma integral que permita compatibilizar la importancia económica de la minería con la protección ambiental, la formalización efectiva de los pequeños productores y la prevención de conflictos sociales.
Para muchos analistas, estas decisiones deberían recaer en el próximo gobierno y en el nuevo Parlamento, con mayor legitimidad política y bajo un debate técnico alejado de intereses coyunturales.
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