En Puno diversos accidentes ocurridos en socavones mineros han evidenciado los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la minería informal e ilegal.
El pasado 25 de marzo del 2026, dos trabajadores mineros murieron aplastados por rocas dentro de un socavón de la contrata minera “Duende”, en la comunidad de Santa Rosa de Poquera, en La Rinconada, en San Antonio de Putina, Puno.
Según sus compañeros, el derrumbe ocurrió mientras realizaban labores en el interior de la mina y, aunque fueron trasladados de emergencia al centro de salud de la zona, llegaron sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones, sus cuerpos fueron llevados posteriormente a la morgue de Juliaca.
Este accidente continúa el debate sobre las condiciones de seguridad en las minas subterráneas de Puno, donde con frecuencia se reportan derrumbes y desprendimientos y consecuencias fatales, no sólo en La Rinconada, otras provincias con presencia minera protagonizan accidentes de manera frecuente. Estos casos reflejan la falta de seguridad y fiscalización en zonas donde la minería informal e ilegal se ha extendido peligrosamente.
En otras regiones como Arequipa, también se tienen casos similares, por ejemplo en caso de Mario de 22 años, trabajador en una mina de socavón en el límite entre Arequipa y Ayacucho. Llevaba tres años allí en precarias condiciones. Hace algunos meses, mientras extraía mineral, una enorme roca cayó cerca de él y casi le fractura el hombro, se salvó por segundos.
El dueño de la mina solo le pidió que regresara cuando estuviera recuperado, sin brindarle apoyo económico, ni atención médica.
Un caso parecido ocurrió en Huánuco, cuando recientemente dos trabajadores murieron aplastados por una roca dentro de un socavón informal ubicado en el sector Rondoni, distrito de Cayna, provincia de Ambo.
Por otro lado, el 05 de mayo de este año en Cajamarca en la provincia de Hualgayoc, tres personas resultaron gravemente heridas tras una explosión de gases causada por la acumulación de material inflamable dentro de una mina ilegal.
Los socavones ilegales suelen carecer de condiciones mínimas de seguridad. Muchos trabajadores laboran entre 12 y 17 horas diarias en espacios reducidos, húmedos y con poca ventilación, donde el uso de explosivos y el riesgo de derrumbes son constantes.
Además, la mayoría no cuenta con contrato laboral, seguro social, vacaciones ni compensaciones.
Según la Defensoría del Pueblo, la minería informal e ilegal se ha extendido en 21 regiones del país, afectando especialmente zonas como Madre de Dios, Puno y Loreto.
Estudios sobre las condiciones laborales en campamentos mineros revelan jornadas excesivas, exposición al mercurio y otros químicos tóxicos, además de la falta de equipos de protección personal y atención médica.
Las condiciones básicas también son deficientes. Muchos trabajadores consumen agua sin tratamiento y viven sin servicios adecuados de saneamiento ni electricidad permanente.
Diversos especialistas coinciden en que la minería ilegal vulnera derechos laborales y expone diariamente a miles de personas a accidentes, enfermedades y contaminación ambiental.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señala que “la minería ilegal frena la productividad laboral, vulnera derechos de los trabajadores y detiene el crecimiento económico del Perú”.
Por su parte, el investigador puneño Elmer Mamani ha expuesto la realidad de Teófilo Cutimbo Pacompía e Inocencio Soncco Hanco, “cachorreros” de La Rinconada, que enfrentan condiciones laborales precarias y de alto riesgo, sin salario regular y bajo la incierta esperanza de encontrar oro como única recompensa, expuestos a residuos contaminantes y un latente peligro ante los derrumbes en la zona.
Por su parte, César Ipenza, abogado y especialista ambiental, advierte sobre graves impactos socioambientales de esta actividad, especialmente por el uso de mercurio y la falta de control estatal, factores que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y de las comunidades cercanas.
En el departamento de Puno, los constantes accidentes registrados en zonas mineras informales reflejan una realidad preocupante: trabajar en un socavón ilegal continúa siendo una actividad marcada por el abandono, la precariedad laboral y el peligro permanente.
Detrás de cada derrumbe o explosión existen trabajadores que arriesgan su vida diariamente en condiciones inseguras, muchas veces sin equipos de protección ni supervisión adecuada.
Solo en marzo de 2026, dos mineros fallecieron tras la caída de rocas en un socavón de La Rinconada.
Asimismo, en enero de 2025, tres trabajadores murieron por asfixia e intoxicación con gases tóxicos en la mina Candelaria, en el distrito de Vilque; en 2023 siete mineros perdieron la vida en la mina “Lago de Oro” de La Rinconada, el mismo año otros cuatro trabajadores fallecieron aplastados en la bocamina Santa María – Lunar de Oro.
Estos hechos evidencian que, pese a las reiteradas tragedias, la minería informal e ilegal sigue exponiendo a miles de personas a derrumbes, explosiones y contaminación, demostrando la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad, fiscalización estatal y la protección de los derechos laborales en las zonas mineras del país.
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